En rueda de prensa junto con el ministro del Interior, Tareck El Aissami, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, responsabilizó al gobierno regional del Táchira, en particular al gobernador César Pérez Vivas, del aumento de la violencia en el estado, que sería producto de la penetración de grupos paramilitares.

"El gobernador del Táchira miente", dijo Carrizález, referente a las declaraciones de Pérez Vivas en días anteriores, acusando al Gobierno central de haber desarmado a los cuerpos de seguridad. "Dentro de los parques de la policía estaban 226 pistolas no registradas. En la policía de San Cristóbal (...) tienen un grupo de armas registradas con unos seriales, y compraron un lote de armas y le colocaron los seriales de las armas existentes. Las armas deben ser legales, entonces que no mienta, gobernador, usted en su policía tenía más de 200 armas sin registrar, que probablemente fueron usadas para cometer delitos".

No descartó la posibilidad de que el Ejecutivo intervenga dicho cuerpo policial si "continúan actuando fuera de la ley".

Informó que el asesinato de dos guardias nacionales también fue producto de grupos paramilitares que estarían actuando con la complacencia del gobernador, con complicidad del gobierno de Colombia, que estaría relacionado con la masacre de nueve jóvenes colombianos, un peruano y un venezolano la semana pasada.

"Se tienen suficientes pruebas de reuniones en Colombia, para tratar de desestabilizar el proceso bolivariano", añadió Carrizález. "Eso no lo vamos a permitir. Lo vamos a combatir con toda la fuerza de la ley".

Estos paramilitares serían "la vanguardia" de un plan de Estados Unidos para invadir a Venezuela y, de ahí, al resto de Sudamérica, explicó Carrizález, refiriéndose al uso del ejército estadounidense de siete bases colombiana, aunque según el gobierno colombiano, son para asistir en el combate contra el narcotráfico.

Para el gobierno venezolano, sin embargo, son "unas bases que claramente están orientadas a amenazar el territorio venezolano, por todas las implicaciones que tiene y toda la influencia que tiene el movimiento revolucionario de Venezuela en Sudamérica", dijo Carrizález.

"Cuando uno ve la entrega a un imperio agresivo que lo que quiere, tenemos que denunciar la amenaza que se cierne sobre nuestro país y que comienza a materializarse por la presencia de grupos paramilitares", dijo el vicepresidente. "Cuando los problemas y las acciones de un país permean las fronteras de otro país, tenemos la obligación de denunciarlo en todos los ámbitos y sitios, pues se está poniendo en riesgo la seguridad de todos los países de Sudamérica, y quien lo entienda así es que no conoce la manera de actuar del imperio yanqui".

Por otra parte, el Vicepresidente negó el cierre de la frontera por el lado venezolano. "La frontera está cerrada por Colombia", aseguró.