La jueza María Lourdes Afiuni, privada de libertad el pasado 10 de diciembre, por haber otorgado libertad condicional al ex banquero Eligio Cedeño, señala en una carta pública que su sentencia está dentro de la normativa legal, además hizo un resumen de la situación carcelaria del país.

La carta completa:

Ante los incesantes atropello e infamias cometidas por el Ministerio Público, a través de diversos medios de comunicación, tratando de crear una matriz de opinión, totalmente distorsionada de los hechos ocurridos el día 10 de diciembre de 2009, haciendo ver ante la opinión pública que mi persona se encuentra incursa en la Comisión de Ilícitos Penales, manipulando actas, oficios en un expediente donde simplemente se dictó una medida sustitutiva de la privativa de libertad en el acto de diferimiento de la audiencia preliminar  por incomparecencia del Ministerio Público, medida otorgada que fundamentada simplemente en normas constitucionales de obligatoria cumplimiento; a favor de un procesado; quien independientemente de su inocencia y/o culpabilidad de los hechos imputados, ya que no es la fase procesal para determinarlas, sino de acuerdo a los postulados del artículo 264 COPP y evidente retardo procesal del cual ha sido víctima, lo hizo merecedor de pleno derecho de plena medida como cualquier justiciable, sin distingo de ningún tipo.

Me he visto en la necesidad de escribir estas líneas a objeto de aclarar ante mi familia, mis seres queridos y la opinión pública y ante el mismo Presidente de la República que este tipo de decisiones, que se producen a diario en diversos juzgados del país, no requieres de la presencia de las partes, ya que las mismas son dictadas, luego de que el juzgador al analizar las actas que integran el expediente que en el presente caso 278 piezas, que fueron revisadas en su totalidad luego de verificar que el retardo procesal no es provocado por quien solicita la medida menos gravosa puede ser acordada en cualquier grado y el estado del proceso, tenemos la contraparte de ejercer los recursos procesales que estime pertinente.

Caso contrario, cuando es el imputado que no acude a las audiencias fijadas por el tribunal, el representante del Ministerio Público se encuentra facultado para solicitar la revocatoria de la medida cautelar acordada y/o la imposición de la medida privativa de libertad.

Por otra parte, en cuanto a las declaraciones rendidas por el Ministerio Público sobre la garantía de mi derecho a la vida, es absolutamente irresponsable asegurar que cualquier persona tiene protegida su vida en los diversos centros penitenciarios del territorio nacional pero cuando el interno se trata de un operador de justicia quien durante varios años ha decretado medidas privativas y ha dictado sentencia condenatorias a ciudadanos que se encuentran en el mismo centro penitenciario; esa afirmación realizada por la vindicta pública es escandalosa haciendo eco de todas las personas que permanecen en estos internados judiciales donde las carencias de lo que son objeto estas instituciones, obligan a sus administradores a trabajar con las uñas, resultando perjudicados los procesados, sobre os cuales no pesa sentencia alguna, siendo inocentes por mandato de la constitución, es por lo que me permito hacer un llamado a los entes públicos encargados de aprobar los recursos para hacer el mantenimiento de estas instituciones para que tomen conciencia y asuman mejorar el sistema carcelario nacional.

En este mismo orden de ideas y luego de pasar quince días privada ilegítimamente de libertad he tenido oportunidad de conocer innumerables personas sometidas a procesos penales, en cuyos casos se ha producido un grosero, brutal e injustificado retardo procesal, desnaturalizando por completo de las medidas preventivas privativas de libertad, convirtiéndolas en condenas previas; que aunado a las insuficiencias de elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público que se hacen cómplices de dichos retardos por tener la certeza de que no existe pronóstico de condena exigido contribuyendo a la obstaculización del ejercicio del derecho a la defensa y poniendo en tela de juicio el principio de igualdad  de las partes.

Todo esto necesariamente producen en el justiciable una profunda desesperación, quienes con el ánimo de tener una fecha cierta para salir del infierno en el que se encuentran inmersos, proceden a acogerse al procedimiento especial por admisión de hechos, incluso cuando de las actas se encuentran plasmadas su inocencia ya sea por insuficiencia probatoria, ya sea porque las mismas fueron obtenidas ilícitamente; donde los operadores de justicia por comodidad, por temor o por simple desconocimiento, aceptan estas situaciones haciéndose cómplices por omisión de tales violaciones constitucionales.

Estas vivencias, fortalecen mi convicción de que el acto jurisdiccional decretado en el acto que represento y por el cual el ministerio Público en complicidad con algunos miembros del poder judicial lo convirtieron en un presunto “hecho ilícito”, sirvan como un llamado de atención a todas aquellas personas encargadas de impartir justicia: a los cuerpos de investigación policiales, a los miembros del poder moral,  a objeto de que reflexionen. Y se tomen el juramento que presentaron en sus inicios de respetar la constitución de la República y hacer cumplir las leyes. Siendo propicias estas fechas navideñas y de fin de año para proponerse a tomar los correctivo y no hacerse cómplices de actos que si pueden ser considerados como ilícitos penales en contra de los derecho Humanos.

Todo esto me ha hecho concluir que esta nefasta experiencia lejos de provocar rencor me ha permitido percibir el sistema de administración de justicia desde la óptica del procesado que de ninguna otra forma hubiese podido palpar.

Desde lo más profundo de mi corazón espero que este sufrimiento, este sacrificio, este acto de injusticia padecido por mi familia por mis seres queridos y mi persona no sea en vano. No quede en el olvido reiterando a todos y cada uno de los ciudadanos que habitan en esta hermosa patria que existen muchas personas con el ánimo, la voluntad y la absoluta responsabilidad de cambiar nuestro mundo, aquí y ahora, con coraje, que es el instrumento que nos mueve para crear, para cambiar y construir el país que merecemos. Nuestra respuesta tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y actuación recta, asumiendo la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta y cumplir las tareas que la vida le asigna a cada individuo.

Felices fiestas a todos!!!!

María Lourdes Afiuni Mora